Tras una intensa polémica y el rechazo generalizado de diversos sectores, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció el retiro del proyecto de ley que proponía transferir a los jubilados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) al PAMI. La medida, que había generado una fuerte reacción entre afiliados, gremios y dirigentes políticos, fue revertida por el mandatario provincial, quien asumió la responsabilidad del error y denunció graves irregularidades en el sistema de salud local.
Sáenz inició su mensaje reconociendo con humildad el error cometido al enviar a la Legislatura un proyecto que, según sus propias palabras, no reflejaba sus verdaderas intenciones. «Lamentablemente la explicación que di el otro día no fue suficiente… cometimos un error al mandar un proyecto de ley que no era el espíritu y no estaba en el corazón de este gobernador que así sea», expresó.
El gobernador explicó que la intención original era ordenar la normativa vigente en torno al IPS, pero reconoció una falla en la redacción del proyecto que llevó a la confusión y al temor entre los jubilados. Asimismo, criticó duramente a aquellos dirigentes políticos que, a su juicio, «aprovecharon para seguir creando incertidumbre, angustia en los queridos jubilados».
En un intento por llevar tranquilidad a los afectados, Sáenz anunció el retiro definitivo del proyecto y convocó a diversos actores del sistema de salud –el interventor del IPS, la Comisión de Salud de ambas Cámaras legislativas y el Ministerio de Salud– a trabajar de manera conjunta para encontrar una solución integral a la difícil situación que atraviesa la obra social.
El mandatario provincial también detalló los problemas estructurales que afectan al IPS, entre los que destacó el impacto de la inflación en el costo de los medicamentos, que ha aumentado entre un 500 y 600 por ciento tras la última devaluación. Sin embargo, hizo especial énfasis en la sobrefacturación por parte de numerosas clínicas, una práctica que, según denunció, perjudica directamente a los afiliados. En este sentido, defendió enérgicamente las auditorías como una herramienta fundamental para proteger los derechos de los pacientes y garantizar una atención digna.
Finalmente, Sáenz criticó las desigualdades en el sistema de aportes, señalando que mientras las obras sociales privadas requieren pagos de entre 600 y 900 mil pesos por grupo familiar, en el IPS muchos afiliados con altos ingresos no llegan a pagar 20 mil o 30 mil pesos, una situación que consideró insostenible.
El gobernador concluyó su mensaje con una clara autocrítica política y un firme compromiso con los jubilados: «Nunca vamos a perjudicar a los jubilados. No quiero que quede nada escrito y firmado por mí que afecte a los jubilados». Remarcó su humanidad y su capacidad de asumir errores, invitando a otros dirigentes a actuar con la misma honestidad. «Queridos jubilados, aquí tienen un amigo que siempre va a estar a su lado y nunca va a hacer nada para perjudicarlos», finalizó.
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