El sector de la discapacidad en Salta se sumó hoy al paro nacional convocado por transportistas de personas con discapacidad, en una jornada de reclamo por la grave situación económica que atraviesan los prestadores de servicios. Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (ATRADIS) de Salta, denunció la falta de actualización de los nomencladores nacionales y la alarmante demora en los pagos por parte de las obras sociales.
«Estamos acostumbrados a demoras de 60 días, pero ahora ya pasaron 3, 4 y hasta 5 meses sin cobrar. Es una locura, pero es la realidad que vivimos», expresó Anachuri, reflejando la desesperante situación que afecta a las familias de las personas con discapacidad y a quienes brindan sus servicios.
La medida de fuerza, que tuvo lugar este miércoles, impactó directamente en miles de personas con discapacidad en todo el país, incluyendo a Salta. Muchas de ellas no pudieron asistir a sus terapias ni traslados esenciales. «Quedaron en sus casas sin la atención que necesitan, y eso es lo más doloroso», lamentó el presidente de ATRADIS.
Esta protesta se lleva a cabo en simultáneo con el tratamiento en el Congreso Nacional de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca visibilizar la crisis del sector y ofrecer soluciones urgentes. En este contexto, Anachuri hizo un llamado a los diputados salteños: «Pedimos que nuestros diputados salteños se alineen con quienes necesitan ayuda, no con quienes hoy tienen el poder».
El reclamo no se limita únicamente al transporte. Profesionales de la salud como kinesiólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos y centros terapéuticos también enfrentan graves dificultades económicas debido a los pagos atrasados y la falta de autorizaciones.
Anachuri concluyó con una advertencia contundente: «Hoy corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo todos los prestadores de discapacidad». Afirmó que los ajustes implementados por el Gobierno nacional están golpeando de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo a los jubilados y a las personas con discapacidad, poniendo en riesgo la continuidad de servicios esenciales para este colectivo.