El tradicional “Desentierro del Carnaval” de Cerrillos, evento que anualmente convoca a miles de personas, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. El Concejo Deliberante de Cerrillos ha rechazado la rendición de cuentas presentada por la Comisión de Corsos, organizadora del evento en la estación de trenes durante el último carnaval, desatando un nuevo escándalo institucional. La decisión ha generado controversia, con la Comisión organizadora denunciando una posible maniobra política detrás de la objeción.
Según un informe oficial, la contadora del Concejo detectó graves irregularidades en la documentación. Entre las inconsistencias más destacadas se encuentra la ausencia de la firma del presidente de la Comisión en el informe financiero, una omisión considerada esencial para validar el documento. Además, se enumeraron diversos gastos sin respaldo documental, siendo el caso más llamativo un desembolso superior a 21 millones de pesos destinados a sonido, escenario y representación artística, sin comprobantes válidos que lo justifiquen.
Otro punto de preocupación es la falta de razón social de la Comisión de Corsos, una situación que, según el informe, impide legalmente que cualquier proveedor emita facturas a su nombre. Este vacío legal ha levantado serios interrogantes sobre el manejo de fondos públicos y privados en el marco de los eventos culturales.
En base a este informe técnico, el cuerpo de concejales decidió por mayoría devolver la rendición a la Comisión de Corsos, exigiendo su revisión y corrección ante la gran cantidad de inconsistencias detectadas.
¿Maniobra Política o Fundamento Técnico? La Polémica Se Intensifica
Sin embargo, el rechazo a la rendición de cuentas ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la Comisión de Corso de las Flores 2025 y referentes del ámbito cultural y político, quienes señalan inconsistencias en el criterio técnico de la asesora contable del Concejo Deliberante, Isabel Corimayo, y advierten un posible trasfondo político en la decisión.
La asesora Corimayo, en su dictamen, señaló como principal motivo la falta de personería jurídica de la comisión y observó la validez de ciertas certificaciones de firmas para contratos con artistas. No obstante, integrantes de la comisión han puesto de manifiesto que estas mismas condiciones fueron aceptadas y aprobadas por la misma asesora en 2024, cuando dictaminó a favor de la rendición de cuentas de la edición 118° de los Corsos, que fue aprobada sin objeciones por el cuerpo deliberativo.
Ante esta situación, la Comisión de Corso asegura haber seguido el mismo procedimiento que el año anterior, tanto en plazos como en forma, y argumentan que el rechazo actual carecería de un fundamento técnico claro. En consecuencia, han señalado que la variación en los criterios técnicos podría responder a intereses ajenos al funcionamiento institucional, especialmente en un contexto donde algunos sectores políticos buscan recuperar protagonismo tras los últimos resultados electorales.
El caso ha generado repercusión en medios locales, que han vinculado la situación con otros episodios similares donde informes técnicos habrían sido utilizados como herramientas de presión o desgaste político. Desde la Comisión de Corso, insisten en haber cumplido con toda la normativa vigente y manifiestan su preocupación por lo que consideran un uso discrecional de argumentos técnicos que, según sostienen, podría tener como fin frenar iniciativas culturales independientes o condicionar su desarrollo.
Por el momento, no se descartan investigaciones adicionales y se aguarda una nueva presentación de la rendición de cuentas por parte de la Comisión, en un contexto de creciente presión social por mayor transparencia en el uso de los recursos municipales.