Una investigación judicial por una presunta estafa y extorsión abrió un nuevo interrogante: una agente denunció que entregó $700.000 para conseguir un cambio de destino dentro de la fuerza. El rastreo del dinero habría permitido vincular a otra policía y a un civil.
UNA DENUNCIA QUE ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN
Una investigación del Ministerio Público Fiscal de Rosario de Lerma puso bajo la lupa una presunta maniobra relacionada con el cobro de dinero a cambio de conseguir un traslado dentro de la Policía de Salta.
El caso comenzó a partir de la denuncia de una agente de bajo rango que aseguró haber entregado dinero después de recibir la promesa de que podía conseguir un cambio de destino.
La investigación está a cargo del fiscal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante.
$700.000 Y UNA PROMESA DE TRASLADO
Según la información incorporada a la causa, la agente habría recibido de una compañera un número telefónico para comunicarse con una mujer identificada como “Sonia”.
La supuesta intermediaria le habría hecho creer que tenía posibilidades de gestionar un traslado dentro de la fuerza y habría utilizado el nombre de una presunta funcionaria vinculada al área de Recursos Humanos.
El monto solicitado habría sido de $700.000.
La denunciante realizó dos transferencias: una primera operación por $200.000 y una segunda por $500.000.
EL DINERO FUE CLAVE PARA LOS INVESTIGADORES
El avance de la causa no se limitó al análisis de los testimonios.
Los investigadores también siguieron las comunicaciones y los movimientos de dinero.
Según la información publicada sobre el expediente, parte de los fondos habría terminado vinculada con una cuenta perteneciente a otra integrante de la Policía de Salta que quedó bajo investigación.
En la causa también aparece un tercer involucrado: un hombre civil, oriundo de La Merced.
¿UNA PRESUNTA ESTAFA AISLADA O ALGO MÁS?
Este es uno de los puntos que ahora deberá determinar la Justicia.
La investigación comenzó como una denuncia por una presunta estafa y extorsión, pero el recorrido de las comunicaciones y del dinero abrió nuevos interrogantes sobre cómo pudo construirse la supuesta maniobra.
El caso genera una pregunta particularmente sensible dentro de la fuerza:
¿Cómo pudo resultar creíble la posibilidad de conseguir un traslado policial mediante el pago de dinero?
La respuesta será parte del trabajo de los investigadores.
LA POLICÍA TAMBIÉN DEBERÁ ANALIZAR LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Mientras la Justicia avanza en la investigación penal, también deberán definirse las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran corresponder a las agentes involucradas.
Por ahora, la causa continúa bajo investigación y será la Justicia la que determine qué ocurrió, quiénes participaron y si existió efectivamente una estructura destinada a cobrar dinero por gestiones dentro de la fuerza.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que los mecanismos de asignación y traslado del personal policial sean transparentes y puedan ser auditados.
Porque si un agente llega a creer que necesita pagar para cambiar de destino, el problema excede a una posible estafa individual.
También obliga a preguntarse qué condiciones hicieron posible que esa promesa resultara creíble.
UNA INVESTIGACIÓN QUE RECIÉN COMIENZA
La causa todavía está abierta.
Los investigadores deberán determinar el recorrido completo del dinero, establecer el grado de participación de cada persona involucrada y comprobar si los hechos denunciados constituyeron una maniobra organizada.
Hasta que la Justicia se expida, corresponde mantener la presunción de inocencia de todas las personas investigadas.
Pero el interrogante ya quedó instalado:
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LOS SUPUESTOS “TRASLADOS POR PLATA”?