De exfuncionario de Bettina Romero a imputado por amenazas con arma en Salta

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Un hombre de 50 años fue imputado provisionalmente por un episodio ocurrido en una estación de servicio de la zona norte. Distintas publicaciones señalaron como presunto involucrado a Tomás Calderoni, quien durante la gestión de Bettina Romero estuvo al frente de Cementerios Municipales y fue denunciado por trabajadores municipales en 2020.

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Una discusión por el inflador que terminó en una denuncia penal

Un episodio ocurrido en una estación de servicio de la zona norte de la ciudad de Salta terminó con una imputación judicial por amenazas con arma de fuego.

El hecho tuvo lugar el pasado 25 de octubre, cuando un grupo de personas esperaba su turno para utilizar el sector destinado a inflar los neumáticos de sus vehículos.

De acuerdo con las actuaciones de la investigación, el conflicto habría comenzado cuando un conductor utilizó el espacio sin respetar el orden de espera. Los reclamos de otros clientes habrían derivado en una discusión que fue aumentando de intensidad.

En ese contexto, el hombre habría extraído un arma de fuego de su camioneta y la habría exhibido de manera amenazante frente a las personas que se encontraban en el lugar.

La denuncia dio inicio a una investigación que incorporó registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos presenciales.

El nombre que apareció en las primeras publicaciones

Con el correr de las horas, distintas publicaciones periodísticas señalaron a Tomás Calderoni como el presunto protagonista del episodio.

Calderoni fue funcionario de la Municipalidad de Salta durante la gestión de Bettina Romero, entre 2019 y 2023. Uno de los cargos que ocupó fue el de director de Cementerios Municipales.

Su nombre volvió a aparecer en la agenda pública a partir de las informaciones relacionadas con el incidente de la estación de servicio.

Sin embargo, es importante señalar que la comunicación oficial de la Fiscalía sobre la imputación no identificó públicamente al acusado por su nombre. Por eso, la vinculación de Calderoni con el hecho debe mantenerse atribuida a las publicaciones periodísticas que lo señalaron.

Los antecedentes de denuncias durante su paso por la Municipalidad

El caso también recuperó antecedentes de conflictos laborales que trascendieron durante 2020, cuando Calderoni se desempeñaba en el área de Cementerios Municipales.

En junio de ese año se conoció la denuncia de Natalia Bustos, una trabajadora que sostuvo que había sido apartada de sus funciones luego de participar en medidas de fuerza gremiales.

La situación fue denunciada públicamente por representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionaron el trato recibido por los empleados del área.

Posteriormente, en agosto de 2020, el delegado gremial Matías Copa informó sobre denuncias contra el entonces funcionario por presuntos hechos de violencia laboral, amenazas y abuso de autoridad.

Entre los episodios relatados también se mencionó el conflicto con otro trabajador municipal, quien habría recibido insultos y una invitación a resolver las diferencias mediante una pelea.

Aquellas acusaciones generaron repercusiones en el ámbito municipal y fueron difundidas públicamente durante ese período.

Se trata de antecedentes denunciados que deben diferenciarse de una condena judicial y que tampoco acreditan responsabilidad en el episodio investigado actualmente.

La imputación y el descargo del acusado

El 6 de noviembre, el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, imputó provisionalmente a un hombre de 50 años como presunto autor del delito de amenazas con arma.

Durante la audiencia, el acusado estuvo asistido por un abogado defensor particular y negó su participación en el hecho investigado.

La Fiscalía informó que incorporó registros de las cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales para reconstruir lo sucedido en la estación de servicio.

Además, se dispusieron otras diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del episodio.

La imputación es provisional y no representa una condena. La responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas que se incorporen durante el proceso judicial.

Una investigación que sigue abierta

El episodio generó repercusión por las circunstancias en las que habría ocurrido: una discusión cotidiana por el orden de espera para inflar los neumáticos que terminó con una denuncia por amenazas con un arma de fuego.

A la situación se suma la identificación periodística de un exfuncionario municipal, cuyo pasado en la administración de Bettina Romero y los antecedentes de denuncias laborales volvieron a poner su nombre en el centro de la atención pública.

Por ahora, la Justicia deberá avanzar con las medidas pendientes, analizar los registros de seguridad y determinar las circunstancias del hecho.

La investigación continúa abierta y será el avance de las actuaciones judiciales el que permita establecer las responsabilidades correspondientes.

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