Por el hecho, fueron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por el fiscal general federal Eduardo Villalba. El juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación.
El fiscal Villalba, a cargo de la investigación, expuso en la audiencia que la existencia de esta organización se conoció la semana pasada, cuando una joven llamó y contó que había logrado huir de una casa donde era obligada a prostituirse, junto a otras víctimas.
El relato fue aún más salvaje cuando la víctima manifestó que el prostíbulo gozaba de protección policial, aseverando que algunos clientes eran efectivos policiales que contrataban los servicios sexuales.
Desde la Comisaría de la localidad rosarina relataron que se enteraron de la situación a través de las redes sociales. El comisario Laime hablo con Multivisión e indicó que «no hay nada oficial de que estén involucrados personal policial, por lo que no hay efectivos apartados de su cargo».
Por su parte, aseguró que, a pesar de encontrarse a cuatro cuadras, los efectivos desconocían la existencia del lugar, y desmintieron que, por su parte, haya existido un tipo de protección. “Hubiésemos actuado de oficio”, aclaró el Comisario Laime y agregó que “no tienen información de la fiscalía federal”.
