La negociación salarial firmada el 24 de septiembre abrió un frente de tensión en Campo Quijano. Los principales cuestionamientos apuntan al porcentaje acordado, a la representación de las bases sindicales y a las advertencias del Ejecutivo municipal ante posibles medidas de fuerza.
Un acuerdo que abrió una nueva discusión
El conflicto salarial en Campo Quijano sumó un nuevo capítulo tras la firma del acta de acuerdo del 24 de septiembre de 2026. Lo que debía establecer una pauta de actualización de los ingresos municipales se convirtió en motivo de malestar para sectores que consideran insuficiente el incremento y cuestionan cómo se desarrolló la negociación.
Según la información difundida sobre el acuerdo, se estableció un incremento total del 12%, distribuido en subas mensuales del 2% entre julio y diciembre de 2026.
El porcentaje, sin embargo, no conformaría a todos los sectores. Entre los principales cuestionamientos aparece la presunta falta de consulta a las bases antes de cerrar el entendimiento, una situación que pone bajo la lupa el papel de la representación gremial y la legitimidad del acuerdo ante los trabajadores.
El malestar con la dirigencia de ATE
Uno de los focos de la controversia está puesto en la dirigencia de ATE en Campo Quijano. Los cuestionamientos se relacionan con la forma en que se habría concretado la negociación y con las dudas planteadas sobre el respaldo de los trabajadores al acta firmada.
En una discusión salarial, el porcentaje acordado es solo una parte del problema. También resulta central conocer qué mecanismos de consulta se utilizaron, qué mandato tenían los representantes sindicales y si existió una instancia suficiente de deliberación con los empleados alcanzados por la medida.
Por eso, el reclamo plantea una cuestión de fondo: la necesidad de que los trabajadores conozcan las condiciones negociadas y puedan expresar si se sienten representados por las decisiones adoptadas en su nombre.
La comparación con Guachipas profundiza el reclamo
Otro elemento que alimenta el malestar es la comparación con el acuerdo salarial informado en Guachipas.
Según los datos difundidos, ese municipio acordó un incremento del 13,5%, con una suba diferenciada del 3,5% en diciembre, además de sumas fijas que se incorporan al básico y que alcanzarían los $40.000, distribuidas entre octubre y diciembre.
La diferencia genera interrogantes entre los empleados de Campo Quijano, que cuestionan por qué el incremento acordado en su municipio sería menor al anunciado en otra localidad.
La postura de la Intendencia frente a posibles medidas de fuerza
La controversia también alcanza al Ejecutivo municipal encabezado por Lino Yonar.
De acuerdo con la información atribuida al acta de Campo Quijano, uno de sus apartados invoca el artículo 170 de la Constitución Provincial y plantea objeciones a eventuales medidas de fuerza, con advertencias sobre posibles desequilibrios fiscales.
El documento también contempla la posibilidad de acciones administrativas, civiles y penales, además de descuentos vinculados al presentismo ante un eventual paro indefinido.
Este punto suma tensión a la discusión. Mientras los sectores disconformes plantean objeciones al acuerdo salarial, la postura del Ejecutivo abre un debate sobre la manera en que se responderá a los reclamos colectivos.
Un conflicto que necesita respuestas
La discusión en Campo Quijano combina tres cuestiones centrales: el poder adquisitivo de los salarios municipales, la representatividad de la dirigencia sindical y la relación entre el Ejecutivo y los trabajadores.
Para avanzar hacia una salida, será necesario conocer las posiciones de todas las partes, aclarar cómo se negoció el acuerdo y determinar si existe margen para revisar los términos que generan disconformidad.
Una instancia de diálogo con información pública y participación de los trabajadores podría contribuir a reducir la tensión y ofrecer mayor claridad sobre los compromisos asumidos.
Por ahora, el acuerdo del 12% permanece en el centro de la controversia. La pregunta que atraviesa el conflicto es si las condiciones pactadas lograrán el respaldo de los trabajadores o si la discusión volverá a abrirse.
