Una nueva suspensión y pase a cuarto intermedio para el próximo 14 de marzo, a las 8.30, en el Tribunal Oral Federal II, en el juicio oral y público al exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, y a otras 5 personas identificadas como Margarita Marisel Llanes, Mercedes Baigorria, Roberto Quintian Ramírez, Nancy Viviana Gómez y Francisco Marcelo Russo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a través de una red de “prostitución VIP”, que proporcionaba a los clientes viviendas particulares y habitaciones en hoteles como parte del servicio. Estas personas administraban locales donde fueron rescatadas, en varios allanamientos simultáneos, a numerosas víctimas en agosto de 2013.
En la anterior audiencia, el Tribunal declaró rebeldes a otras dos personas imputadas, Marisel Llanes (considerada líder de la organización y expareja de Villalba) y a Francisco Marcelo «Chicho» Russo (administrador de un local) y dictó la orden para su captura, ya que no se presentaron al debate y la policía no pudo dar con ellos al intentar notificarlos. Hoy estuvo presente en la audiencia, esposado, escoltado por personal de la Policía Federal y su captura fue confirmada por fuentes del Ministerio Público Fiscal interviniente a cargo del fiscal general, Carlos Martín Amad, y de la auxiliar Soledad Cabezas, integrantes del área de Transición de la Unidad Fiscal Salta.
Este debate en particular lleva varias suspensiones, la primera fue porque los abogados defensores particulares de Villalba no podía asistir a la audiencia «por enfermedad». El Tribunal, integrado por Gabriela Catalano, Domingo Batule y Alejandra Cataldi, decidió otorgarle un defensor oficial de la Defensoría Pública de la Nación quien también pidió más tiempo para estudiar los expedientes. Finalmente Villalba se buscó a otro abogado defensor particular, que estuvo presente hoy en la sala de audiencia, pero que tuvo muy poco tiempo para conocer profundamente el expediente. El juez Batule observó que el hecho de cambiar de abogado, de la Defensoría por el nuevo particular, «no le garantizaba un defensa eficiente» al acusado Villalba.
El Tribunal acompañó lo dicho por Batule y aseguró que los defensores públicos deberían haber estado en la audiencia. Ante esa «defensa deficiente», que puede poner en tela de duda el derecho a la defensa, y con ello todo el proceso, fue que decidieron el cuarto intermedio hasta el 13 de marzo que viene.
La organización fue descubierta por varias investigaciones, una de ellas, de la AFIP, que había detectado en algunas de estas personas un gasto que sobrepasaba con sus ingresos declarados. En el marco de esta investigación en agosto de 2013 se hicieron seis allanamientos en la ciudad de Salta, en tres bares o locales nocturnos y en tres viviendas particulares.
El caso
El proceso penal responde a varias investigaciones, una de ellas impulsada por la exAFIP, a partir de un cotejo de gastos e ingresos de algunos/as de los/as acusados/as, como de vínculos comerciales en Chile.
También existieron denuncias anónimas que, por distintas vías, llegaron a la policía provincial y a la Delegación local de la Policía Federal. Todas dieron cuenta de una red de “prostitución VIP”, que tenía como característica principal que los servicios sexuales no se hacían en locales nocturnos, sino en viviendas particulares u hoteles que se rentaban por día.
De acuerdo con la acusación fiscal, la modalidad buscó favorecer la situación de los clientes y permitió montar una red de trata de personas con fines de explotación sexual, de la cual los/as imputados/as obtenían importantes ganancias. En el proceso se reunió evidencia sobre nexos con otra organización que operaba en la ciudad chilena de Calama.
Para la fiscalía, durante la pesquisa se pudo establecer que los/as acusados/as promocionaban a través de distintos medios, como publicidad en Internet, el ejercicio de la prostitución y facilitaban al cliente el lugar para su ejercicio.
De esta manera -sostuvo la Fiscalía en la pieza acusatoria- la organización captó a mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad, que eran obligadas a prostituirse mediante amenazas y otras maniobras de coacción, como la retención del documento de identidad o la generación de supuestas deudas, que no les permitían cortar el vínculo.
Según la Fiscalía, Llanes fue la principal responsable de esta red, pues en ella se concentraban las ganancias de esta actividad. La investigación estableció su nexo con el resto de los acusados, entre ellos el exintendente, quien era su pareja y fue sindicado como responsable del traslado de las víctimas para que fueran sometidas a la explotación sexual.
Cómo se desarticuló la organización
Un operativo que incluyó el allanamiento de siete inmuebles el 15 de agosto de 2013 permitió desarticular la organización y poner a salvo a más de 30 víctimas. Los procedimientos derivaron en la detención de los/as acusados/as y en el secuestro de evidencia, como cuadernos de registro de los pases sexuales, dinero producido, lencería y publicidad de los servicios que las víctimas debían ofrecer, en particular en distintos departamentos o casas privadas.
Llanes fue detenida en su domicilio de la capital salteña. En ese momento, la mujer estaba acompañada por Villalba, a quien identificó como cliente, aunque éste sostuvo que mantenían una relación sentimental.
Los allanamientos incluyeron los locales El Quijote, de Baigorria y su esposo Ramírez, y Terra Nostra, administrado por Gómez y Russo. Los lugares fueron señalados como puntos donde también se desplegaba la explotación sexual de las víctimas, pues varias de ellas fueron rescatadas de allí.