Funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares fueron hallados culpables de integrar una red criminal que operaba dentro de la cárcel. Las penas alcanzan hasta los 19 años de prisión.
Tras más de dos meses de juicio oral, el Tribunal de la Sala VII del Poder Judicial dictó durísimas penas contra una organización criminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, en Salta. En total, 16 personas fueron condenadas —entre ellas ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares— por delitos vinculados al narcotráfico, exacciones ilegales y asociación ilícita.
Las penas impuestas por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar van desde 1 año de prisión condicional hasta 19 años y 6 meses de prisión efectiva, en un fallo que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción penitenciaria.
Una red jerárquica con roles definidos
Durante el juicio, la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, describió una organización criminal con jerarquías definidas y un funcionamiento sistemático orientado a dos objetivos principales:
La comercialización de drogas dentro del penal, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los internos.
El cobro de sobornos y extorsiones para otorgar privilegios o ejercer abusos.
Según los fiscales, estas prácticas no solo constituyeron delitos contra la administración pública, sino que atentaron directamente contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad, al desnaturalizar la función del Estado en la ejecución de penas.
“La corrupción permitió que algunos decidieran quién sufría abusos y quién accedía a beneficios”, advirtió el procurador Castiella, quien subrayó la necesidad de reforzar los controles institucionales.
📌 Las condenas más destacadas
Francisco Arturo Bisceglia (funcionario): 10 años y 6 meses de prisión efectiva por narcotráfico agravado, exacciones ilegales (5 hechos) y asociación ilícita.
Sergio Faustino Moya (funcionario): 10 años por delitos similares.
José Luis Alarcón (funcionario): 8 años por comercialización de drogas y cobro de sobornos.
Manuel Méndez (interno): 9 años y 6 meses, unificados con una condena anterior a 19 años y 6 meses.
María Inés Méndez (familiar): 9 años por narcotráfico agravado y asociación ilícita.
Héctor Gustavo Banega (interno): 8 años por los mismos delitos.
Nicole Luna (familiar): 6 años con modalidad domiciliaria bajo consigna policial.
Además, otros funcionarios como Luis Castaño, Marcos Bucotich, Raúl Arjona, Marcelo Olguín Magno y Rubén Guaymás recibieron penas de entre 4 y 7 años. También fueron condenadas varias mujeres vinculadas a internos, involucradas en la cadena de distribución de estupefacientes.
🔍 Un caso con gravedad institucional
La Justicia consideró probada la existencia de una estructura criminal montada dentro del penal, con participación activa de funcionarios públicos que debían garantizar la seguridad y el orden. “Este caso representa una vulneración sistemática de derechos humanos”, sentenció el tribunal.
El fallo es un golpe directo a la corrupción penitenciaria y sienta jurisprudencia para futuros procesos. Desde la Procuración General destacaron que estas prácticas deben ser erradicadas y se comprometieron a fortalecer los mecanismos de control.
🔴 ¿Qué sigue?
Las defensas podrán apelar las condenas ante instancias superiores. Mientras tanto, las autoridades judiciales y políticas de Salta enfrentan ahora el desafío de reconstruir la confianza en el sistema penitenciario y asegurar que los hechos no vuelvan a repetirse.