El fallo del pasado 30 de diciembre, con el que la Sala IV del Tribunal de Impugnación sobreseyó a Santos Clemente Vera por extinción de las acciones penales que lo tuvieron encarcelado durante más de diez años sin pruebas de su participación en el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, siguen despertando cuestionamientos por la deplorable investigación que siguió al crimen de las jóvenes francesas en 2011.
Desde París, Jean-Michel Bouvier hizo llegar un audio en el que confirmó que está decidido a denunciar penalmente al exgobernador Juan Manuel Urtubey como «principal responsable del desastre político y judicial» que distorsionó la búsqueda de la verdad con torturas policiales, falsas inculpaciones y pruebas plantadas, apartadas y desaparecidas.
De ese modo, el padre de Cassandre ratificó una decisión de la que había dado cuenta el periodista francés Jean-Charles Chatard a este diario a comienzos de semana, cuando adelantó que Bouvier tiene una lista con 30 individuos a quienes denunciaría ante los Tribunales de Francia, o la Justicia Federal argentina, por encubrir -en algunos casos- el doble asesinato y -en otros- por reprochables resoluciones dictadas con posterioridad al juicio en el que Vera terminó absuelto, junto a Daniel Vilte, por falta de pruebas. Una de esas resoluciones fue la que dictó la Sala III del Tribunal de Impugnación en 2016, condenando a Vera a perpetúa, y que fue revocada por la Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2023.
Los nombres de la lista
En la lista, además de Urtubey, estarían Aldo Rogelio Saravia (secretario de Seguridad en 2011); Martín Pérez (juez que dirigió la instrucción de la causa y después ascendió a camarista) y varios policías encabezados por los comisarios Walter Mamaní y Rodrigo Bautista. La nómina se completaría con otros magistrados entre los que se incluirían cuatro jueces del Tribunal de Impugnación: Rubén Arias Nallar, Luciano Martini (de la Sala III), Juan Ezequiel Molinati y Federico Armiñana Dohorman (Sala IV). Los dos últimos fueron los que sobreseyeron a Vera dando por extinguidas las acciones penales en su contra, por violación de las garantías del plazo razonable.
En el audio, Bouvier calificó a esa decisión de «ciega» e «inaceptable». El padre de Cassandre denunció que se busca cerrar la causa con una «amnistía general» que dejaría «impunes» a presuntos implicados del crimen, cuyo ADN recuperaron expertos franceses (dos perfiles genéticos masculinos y uno femenino), pero que nunca fueron individualizados porque la Justicia salteña rehusó incorporarlos al expediente.
Bouvier también insistió en que peritos oficiales solo analizaron «parte de las muestras» tomadas en las autopsias. Además, cuando la defensa de Vera pidió acceder a los hisopados para una contraprueba, responsables de su resguardo judicial le manifestaron que se habían «extraviado». En el juicio de 2014 quedó evidenciado que policías desecharon las muestras.
Sobre el último fallo, Bouvier manifestó que se dictó sin reconocer la sentencia absolutoria de Vera, para cuya familia reclamó «una indemnización reparatoria». Lo propio pidió para Daniel Vilte, quien también paso años de «cárcel injusta».
El padre de Cassandre, remarcó que la resolución «demuestra que la Justicia salteña ha fallado». Dijo que con un endeble argumentación solo «busca proteger a la sociedad de el poder de Salta».
Bouvier no ahorró calificativos a la hora de resumir su indignación con la Justicia salteña en las figuras de los jueces Pérez y Guillermo Catalano, de la Corte. «Todos se protegen cobardemente», manifestó, y agregó que no solo se busca «proteger a los verdaderos criminales y sus cómplices», sino también a «todos los políticos que han tolerado esto».
Consideró que si Urtubey no estaba al tanto, y no intervino para evitar el naufragio judicial, «no merece tener ningún peso político en la en Argentina» y que los votantes «deberían apartarlo» por «su incompetencia total». «Si lo sabía, y participó silenciando la causa, es el principal responsable», redondeó.
En este contexto, afirmó que «muchos hombres se han deshonrado sin resolver lo que sigue siendo un doble femicidio, un ataque a la integridad del cuerpo de mujeres». Sostuvo que el juez Pérez «debería ser expulsado del Poder Judicial de Salta, así como otros magistrados que fueron «marionetas» y «unos cobardes».
El gobernador Gustavo Sáenz no quedó exento de sus dolidos cuestionamientos, «por haber permitido la continuidad de los errores teniendo medios para posicionarse. Si la Justicia de Salta es supuestamente independiente podía haberla desautorizado públicamente», afirmó.
Recordó que en su último viaje a Salta, en febrero del año pasado, se reunió con el gobernador, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, y la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero. «Esperaba que se movieran», dijo, y añadió que «con esta última decisión siento que me cerraron las puertas en la cara, que me dieron una bofetada. Con la decisión tomada me están diciendo: Señor Bouvier, se acabó, ya no hay nada más que ver», pero voy a continuar luchando, incluso aunque deba arriesgar mi vida para seguir», finalizó.