Una presentación cuestiona documentación vinculada con el reconocimiento de un apoderado ante la Justicia Electoral. El caso habría sido remitido a la Fiscalía Federal y se espera una pericia caligráfica. También surgieron cuestionamientos sobre documentación contable y fuertes diferencias internas.
Una denuncia que profundiza el conflicto partidario
Una denuncia por la presunta utilización de una firma sin autorización generó una nueva controversia dentro del partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular de Salta. La presentación involucra a Daniel Escotorín, secretario de Acción Política y apoderado de la fuerza, a quien se le atribuye haber utilizado la firma de Ezequiel Rojas Frondizi, presidente partidario, en documentación vinculada con un trámite electoral.
El caso abre interrogantes sobre la documentación presentada ante la Justicia Electoral, los procedimientos administrativos internos y las responsabilidades de las autoridades partidarias.
De acuerdo con la información difundida sobre la denuncia, el planteo se relaciona con una nota cargada el 15 de mayo de 2026 en la plataforma digital del juzgado electoral, con el objetivo de formalizar el reconocimiento de Escotorín como apoderado.
La documentación cuestionada habría incluido un sello y una firma atribuida a Rojas Frondizi, cuya utilización sin autorización es precisamente uno de los puntos que deberán esclarecerse.
Es importante distinguir entre la existencia de una denuncia y la comprobación de los hechos. La autenticidad de la firma cuestionada no puede darse por establecida sin las verificaciones correspondientes.
El trámite ante la Justicia Electoral, bajo cuestionamiento
Según la información publicada sobre el caso, la designación de Escotorín como apoderado había sido avalada previamente por un congreso extraordinario partidario.
El cuestionamiento no se centraría, por lo tanto, únicamente en esa decisión interna, sino en el procedimiento posterior para formalizarla ante la Justicia Electoral mediante documentación cuya autenticidad fue puesta en duda.
Las versiones recogidas señalan que la documentación cuestionada habría sido presentada durante un período en el que Rojas Frondizi se encontraba en la provincia de Buenos Aires. También indican que el sello del presidente había quedado en las oficinas partidarias y que Escotorín tenía acceso a la plataforma judicial para realizar gestiones administrativas.
Estos elementos forman parte de los antecedentes difundidos sobre la presentación, pero no permiten establecer por sí solos quién confeccionó o incorporó la firma cuestionada ni si existió una conducta irregular. Esas cuestiones requieren una investigación y pruebas que permitan determinar qué ocurrió.
Una pericia caligráfica podría ser clave
Uno de los pasos relevantes para esclarecer el episodio sería una pericia caligráfica que permita analizar la firma cuestionada y determinar si corresponde a la persona a la que se le atribuye.
De acuerdo con la información difundida, la presentación fue realizada ante la Cámara Nacional Electoral y posteriormente remitida a la Fiscalía Federal. Desde el sector denunciante señalaron que aguardaban una convocatoria para avanzar con esa verificación.
El resultado de una pericia podría aportar elementos técnicos a la investigación, aunque su valoración deberá realizarse junto con el resto de la documentación y las actuaciones que correspondan.
Hasta que se esclarezcan los hechos, la denuncia debe tratarse como una acusación pendiente de comprobación y no como una falsificación demostrada.
También hay cuestionamientos sobre documentación contable
La controversia interna no se limitaría al trámite de reconocimiento del apoderado. Según las versiones difundidas, también se habrían planteado objeciones sobre firmas atribuidas al presidente en un balance partidario que, de acuerdo con el sector denunciante, no habría sido aprobado.
La cuestión suma otra dimensión al conflicto, porque la documentación contable de una organización política está vinculada con la rendición de cuentas y las responsabilidades administrativas y financieras de sus autoridades.
Sin embargo, también en este punto es necesario diferenciar los cuestionamientos formulados de las irregularidades que eventualmente puedan acreditarse. Para establecer si existieron incumplimientos, será necesario examinar la documentación correspondiente y conocer las conclusiones de los procedimientos pertinentes.
Un conflicto que alcanza a la conducción del partido
La disputa incluye diferencias entre integrantes de la conducción de Unidad Popular. Según la información publicada, Escotorín y la vicepresidenta Gabriela Burgos habrían reclamado el apartamiento del presidente y del tesorero, mientras que ambos rechazaron esa exigencia.
Las diferencias estarían relacionadas con el manejo de los fondos, el cumplimiento de la carta orgánica y las decisiones internas de la organización.
En paralelo, desde el sector que cuestiona la actuación de Escotorín se anticipó la intención de impulsar medidas partidarias y solicitar la revocación de su representación, conforme avance la actuación judicial.
La información difundida también señala que Escotorín conservaría sus cargos de secretario de Acción Política y apoderado, mientras las autoridades partidarias sostienen que sus mandatos continúan vigentes.
Por el momento, no corresponde dar por concretado un cambio de conducción ni presentar como probadas las acusaciones que originaron la controversia.
Qué falta esclarecer
El caso deja varios puntos centrales pendientes: determinar la autenticidad de la firma cuestionada, establecer cómo se confeccionó y presentó la documentación, conocer el alcance de las actuaciones judiciales y aclarar los cuestionamientos sobre el balance partidario.
También será relevante conocer las explicaciones de las personas involucradas y las decisiones que adopten tanto los organismos judiciales como las autoridades de la fuerza.
La controversia pone bajo la lupa los mecanismos de control y la transparencia en la gestión de una organización política. Pero la responsabilidad por los hechos denunciados deberá establecerse a partir de pruebas y procedimientos, no únicamente por las versiones que circulan en medio de la disputa interna.
Mientras se esperan novedades, la denuncia contra Daniel Escotorín suma tensión a Unidad Popular de Salta y abre un nuevo capítulo en un conflicto que combina cuestiones judiciales, administrativas y políticas.
La pregunta de fondo es cómo se esclarecerá lo ocurrido y qué consecuencias, si correspondieran, tendrán las conclusiones de la investigación.