El exintendente de Aguas Blancas quedó detenido tras entregarse ante la Justicia Federal. La causa investiga a 11 personas por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que contrataciones y empresas habrían sido utilizadas para dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.
La investigación federal que tiene como principal acusado al exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, sumó un nuevo capítulo luego de que el exjefe comunal se entregara y quedara detenido a disposición de la Justicia Federal.
Martínez era buscado desde el operativo realizado el sábado, cuando los investigadores intentaron detenerlo. Tras permanecer prófugo, finalmente se presentó ante las autoridades en Orán y quedó a disposición del juez federal Gustavo Montoya.
Pero el caso tomó una dimensión todavía mayor durante la audiencia en la que la Fiscalía presentó los principales elementos de la investigación.
La acusación sobre el municipio
Uno de los puntos centrales planteados por los fiscales es que el municipio de Aguas Blancas habría sido utilizado como parte de un esquema destinado a disimular el ingreso y egreso de fondos presuntamente provenientes del narcotráfico y el contrabando.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, determinadas contrataciones municipales y un entramado de empresas habrían funcionado como una cobertura para darle apariencia legal a dinero de origen presuntamente ilícito.
La acusación sostiene además que Martínez habría destinado dinero en dólares para conseguir votos que le permitieran acceder a la intendencia en 2023 y que, una vez en el poder, la estructura investigada habría ampliado sus actividades.
Se trata, por ahora, de una hipótesis de la Fiscalía que deberá ser acreditada durante el proceso judicial.
Once personas imputadas
La investigación alcanza a 11 personas, entre ellas familiares de Martínez y personas vinculadas a actividades comerciales y financieras.
El juez Montoya resolvió dictar prisión preventiva efectiva para siete de los imputados, mientras que otros cuatro quedaron en libertad bajo distintas medidas restrictivas.
Entre los elementos incorporados al expediente aparecen teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pendrives y documentación contable.
32 allanamientos y una investigación que continúa
El operativo incluyó 32 allanamientos realizados en Orán, localidades cercanas y la capital salteña.
Los investigadores buscan reconstruir el supuesto circuito financiero que, según la acusación, habría tenido distintas etapas: el ingreso de fondos de origen presuntamente delictivo, su circulación mediante cuentas y empresas y finalmente su retorno al patrimonio de los involucrados con una apariencia de legalidad.
La causa está siendo investigada por organismos especializados en narcocriminalidad y delitos económicos.
El juez federal fijó un plazo de seis meses para continuar con la investigación, mientras se realizan peritajes sobre los dispositivos y documentación secuestrados.
Un caso que pone el foco en Aguas Blancas
La investigación genera especial atención por la presunta utilización de una estructura municipal dentro de un expediente que involucra lavado de activos y fondos vinculados, según la hipótesis fiscal, al narcotráfico y el contrabando.
Por ahora, la causa continúa abierta y será la Justicia Federal la que deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados.