El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la eliminación del asueto del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, mediante un decreto presidencial. Adorni justificó la medida argumentando que «el Estado no es un lugar para gozar de privilegios» y que este día no laborable es pagado con el sueldo de los contribuyentes, un privilegio que no tienen los trabajadores del sector privado. Asimismo, vinculó la decisión a la concepción del gobierno de que el Estado debe «allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo», dando por terminado el «culto al estatismo».
Dura respuesta de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no tardó en reaccionar. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó la medida como un «acto despótico» y acusó al gobierno de pretender «eliminar por decreto un día histórico» que fue sancionado por la Ley 26.876.
Aguiar redobló las críticas, señalando que «en la Argentina no existen los emperadores» y que solo el Congreso puede derogar una ley que este mismo sancionó. También apuntó directamente a Adorni, acusándolo de ser el único que goza de privilegios al haber «llenado la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios».
Un nuevo frente de conflicto
La eliminación de este asueto se produce en un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, impulsa una profunda reestructuración de la administración pública, lo que ha generado rechazo y movilizaciones por parte de distintos sectores gremiales.
La Ley 26.876, sancionada en 2013, estableció el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado en conmemoración de la adopción por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del convenio sobre las relaciones laborales en la administración pública. Si bien la norma no imponía un feriado nacional, en los últimos años se había establecido como día no laborable para los empleados públicos nacionales, con adhesión de varias provincias.
Este intento de suprimir la jornada mediante decreto abre un nuevo frente legal y sindical para la gestión del presidente Javier Milei, que ya enfrenta resistencias por la Ley Bases, el ajuste fiscal y otras reformas en curso. La disputa por el asueto del 27 de junio es un reflejo de un conflicto más profundo sobre el rol del Estado en la Argentina actual.