La tensión entre las provincias y el gobierno nacional escala a un nuevo nivel. Gobernadores de todo el país, incluyendo a Gustavo Sáenz de Salta y Maximiliano Pullaro de Santa Fe, están alzando la voz por la drástica falta de fondos para obras nacionales, calificando la situación como una «falta de mirada federal». La disputa se visibiliza con acciones contundentes y denuncias sobre el deterioro de infraestructura clave.
El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, tomó una medida inédita: ordenó señalizar rutas nacionales como la A 012, la 33 y la 9 con carteles de fondo rojo que advierten: “Aquí empieza la ruta nacional mantenida por el Estado Nacional”. Esta iniciativa busca evidenciar el contraste entre las rutas provinciales, mantenidas por su gestión, y las nacionales, cuya «vergüenza» de abandono ha provocado 60 muertes por accidentes solo este año. Pullaro denunció que, mientras Santa Fe aporta asfalto, la Nación «cobra impuestos, pero no invierte en las rutas que esos mismos camiones destruyen». Advirtió que, de no haber respuesta, su provincia está dispuesta a asumir la administración de estas rutas, incluso llegando a la Corte Suprema.
Desde Salta, el gobernador Gustavo Sáenz no se quedó atrás. En declaraciones a La Nación +, alertó que la «falta de recursos compromete seriamente el mantenimiento de las rutas nacionales», poniendo como ejemplo el «lamentable estado» de la Ruta 34 en el norte provincial. Sáenz recordó que en julio de 2024 ya había denunciado que en esa ruta «están cobrando peaje a la gente para que se mate», y un año después la situación no ha mejorado, con la ausencia de inversión nacional generando demoras y graves riesgos para el tránsito regional.
Ambos mandatarios coinciden en que el abandono de estas obras es una señal de trato desigual hacia las provincias del interior. Sáenz ha invitado a otros gobernadores a sumarse a un «diálogo real» con la Nación para exigir una distribución más justa de los fondos públicos. La pelota está ahora en el tejado del gobierno central, mientras las provincias exigen respuestas ante el colapso de sus infraestructuras vitales.
