Una investigación judicial generó preocupación en Salta luego de que una reconocida empresa ubicada en Cerrillos quedara bajo la lupa por una denuncia de trata laboral agravada.
La causa tiene como imputado a José Antonio Fernández García y alcanza a siete trabajadores que habrían desarrollado distintas tareas dentro de la finca La Montanera.
Entre los casos que forman parte de la investigación aparecen dos jubilados de 72 y 73 años, cuya situación habitacional y laboral llamó especialmente la atención de la Justicia.
Dos jubilados que vivían en condiciones insalubres
De acuerdo con la investigación, uno de los jubilados no sabía leer ni escribir, no se encontraba registrado laboralmente y residía en un lugar sin agua corriente.
Según consta en la causa, debía calentar el agua para utilizarla y contaba con un baño de pozo. Realizaba tareas de jardinería en distintos momentos de la semana y recibía un pago semanal.
El segundo trabajador llevaba alrededor de 15 años desempeñándose en la finca. Inicialmente había sido contratado para tareas de mantenimiento y posteriormente fue destinado a actividades relacionadas con el tabaco.
Tras jubilarse, comenzó a recolectar bellotas y cobraba por kilo.
Uno de los datos que más llamó la atención dentro de la investigación es que, según se señala, durante los fines de semana concurría a un comedor de Cáritas para poder alimentarse.
Sueldos de hasta $400 mil por debajo de la escala
La investigación también contempla la situación de otros cinco empleados.
Según se indicó, estaban registrados dentro del convenio correspondiente a los trabajadores tabacaleros, aunque realizaban múltiples tareas que iban desde trabajos de albañilería hasta actividades vinculadas al cuidado y atención de animales porcinos.
En cuanto a los salarios, se habría detectado que percibían entre $300.000 y $500.000 mensuales.
La diferencia sería considerable respecto de la escala salarial correspondiente para la actividad, que establecía remuneraciones superiores a los $900.000 y que podían superar el millón de pesos.
De esta manera, en algunos casos la diferencia entre lo percibido y lo establecido por la escala podía llegar a aproximadamente $400.000.
También investigan jornadas durante fines de semana y feriados
La denuncia no se limita a las condiciones salariales.
La investigación también apunta a que los trabajadores realizaban múltiples tareas y que eran convocados a trabajar durante sábados, domingos y feriados, sin recibir los adicionales correspondientes.
La combinación de las condiciones laborales, habitacionales y salariales forma parte de los elementos analizados por la Justicia para determinar si existió el delito de trata laboral agravada.
La causa continúa
Fernández García fue imputado la semana pasada por trata laboral agravada y la investigación continúa para determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que se desarrollaban las tareas.
El caso vuelve a poner en discusión las condiciones laborales de trabajadores rurales y la necesidad de controlar que quienes desempeñan actividades en establecimientos productivos cuenten con registración, salarios acordes a los convenios y condiciones dignas de vivienda y trabajo.
La investigación judicial deberá determinar ahora qué responsabilidades corresponden y si las situaciones denunciadas configuran efectivamente el delito que se les atribuye.
En este tipo de causas, la imputación representa una etapa de la investigación y no implica una condena.