El Ministerio Público Fiscal de Salta ha iniciado una investigación de oficio por presuntas sobrefacturaciones en el Instituto Provincial de Salud (IPS), la obra social que brinda cobertura a más de 280 mil afiliados estatales. La pesquisa, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) bajo la dirección de la fiscal subrogante Ana Inés Salinas Odorisio, ya ha solicitado documentación interna al interventor del IPS, Emilio Savoy, para analizar posibles irregularidades que habrían afectado las arcas del organismo.
La causa se origina en medio de un proceso de intervención ordenado por el gobernador Gustavo Sáenz a principios de año, tras detectarse un déficit acumulado de 25 mil millones de pesos y advertirse sobre serias anomalías financieras en el funcionamiento del IPS. Sáenz había declarado semanas atrás que «el IPS no podía seguir así» y defendió la realización de auditorías, argumentando que se busca proteger a los afiliados y sus derechos a una atención digna.
Detalles de la investigación
La actuación judicial busca determinar si se produjeron maniobras delictivas en la facturación de prestaciones médicas por parte de profesionales, clínicas y proveedores, lo que podría haber generado un daño al patrimonio del IPS. La fiscalía ha pedido copias autenticadas de todas las actuaciones administrativas vinculadas a los hechos que han cobrado estado público. Desde el Ministerio Público Fiscal, se aseguró que «se garantizará la intervención oportuna ante toda información que sugiera la posible comisión de delitos contra la administración pública», destacando el compromiso con la legalidad y la protección de los recursos estatales. Cabe señalar que la investigación se inició a partir de noticias criminis y no por una denuncia directa del gobierno o del propio IPS.
Críticas desde la Legislatura
En la última sesión legislativa, el diputado provincial José Gauffín, si bien valoró el reconocimiento de un error por parte del gobernador, cuestionó el modo en que se abordan las denuncias: «Basta de relatar la corrupción desde el poder. Si tiene pruebas de sobrefacturación en clínicas o por parte de médicos, vaya y denuncie ante la Justicia. No alcanza con enunciarlo», enfatizó.
Gauffín enumeró varios puntos que, a su criterio, explican el abultado déficit financiero del IPS. Entre ellos, destacó el elevado gasto en alquileres, señalando que se destinan 20 millones de pesos mensuales a este fin, lo que permitiría construir un edificio propio en tres años. También mencionó el abandono de un local propio del IPS en Belgrano 900, desocupado por problemas edilicios sin intento de reparación.
Uno de los aspectos más sensibles abordados por el legislador fue el contrato con la empresa Traditum, por el cual se han pagado más de 6.135 millones de pesos en 54 cuotas «sin resultados concretos». Gauffín fue contundente: «Hasta ahora, Traditum no hizo nada».
Finalmente, el diputado criticó el debilitamiento de la Junta Médica del IPS, que pasó de contar con profesionales experimentados a una junta de apenas tres médicos sin la suficiente experiencia para controlar las prestaciones. También responsabilizó a la Legislatura por aprobar una ley que fijó un tope del 80% para coberturas por discapacidad, lo que derivó en una ola de amparos perdidos casi en su totalidad por el IPS.
«Cuando se designa un interventor, que intervenga de verdad, que audite y saque lo que haya que sacar. Esa corrupción que está enquistada en el IPS hace muchos años va en desmedro de la salud de los afiliados», concluyó Gauffín, remarcando la necesidad de una auditoría profunda en el organismo.