La Justicia salteña conformó una Unidad Fiscal especial para investigar una serie de denuncias por presuntas estafas vinculadas a la venta ilegal de terrenos en la zona del río Arias, detrás del barrio UPCN, en San Lorenzo.
La medida fue dispuesta por el procurador general Pedro García Castiella mediante la Resolución 1718/26, que designó a los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena para intervenir en la causa debido a la gravedad y magnitud de los hechos investigados.
Según la investigación, las maniobras habrían comenzado en 2023 tras una ocupación ilegal de terrenos en la ribera del río Arias. Luego del desalojo policial, el abogado Santiago Pedroza habría ofrecido asesoramiento legal a las familias afectadas, prometiendo gestionar la entrega de lotes bajo el nombre “Loteo Las Victorias”.
De acuerdo con las denuncias, el letrado aseguraba que existían trámites avanzados, aprobaciones administrativas y resoluciones favorables para acceder a las tierras. Más tarde se habrían sumado una supuesta gestora y otro abogado, quienes comenzaron a exigir importantes sumas de dinero por trámites, limpieza de terrenos y gestiones ante organismos públicos.
Las familias afectadas habrían pagado montos que van desde 500 mil pesos hasta casi 8 millones por grupo familiar. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, muchas veces con comprobantes irregulares.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados acudió a Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales informaron que no existían expedientes ni autorizaciones oficiales relacionadas con el supuesto loteo. Además, confirmaron que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos.
Hasta el momento ya se registraron más de 40 denuncias formales y la Fiscalía convocó a todas las personas que consideren haber sido perjudicadas a presentarse con documentación y comprobantes de pago para avanzar con la investigación.
