El diputado nacional Emiliano Estrada fue imputado hoy en el marco de la investigación por “intimidación pública” que lleva adelante la fiscalía de Ciberdelitos, en la cual se analiza la difusión de contenidos en redes sociales que -según el Ministerio Público Fiscal- podrían haber comprometido el orden público. Lo cierto es que en esta causa hay otras tres personas que fueron imputadas días pasados.
En una conferencia de prensa, la fiscal Sofía Cornejo, encargada de la investigación, abordó la imputación que le realizó al legislador nacional Estrada. Es que mientras avanzaba la investigación, que se basó en cinco videos de Tik Tok, la fiscal -dijo- que se dio con que dos de los tres imputados eran empleados del Congreso de la Nación y reportaban a Estrada.
La fiscal explicó que la investigación se inició de oficio, sin una denuncia previa, lo que generó dudas y preguntas sobre su procedencia. Según Cornejo, la causa no se dirige contra una persona en particular, sino que se enfoca en el análisis de los videos y contenidos difundidos en plataformas como TikTok. Estos videos, según la fiscal, generan un temor en la población y buscan desestabilizar el orden público, ya que apuntan a involucrar al narcotráfico con funcionarios públicos y a sugerir la existencia de un «narcoestado» en la provincia.
Encuadre legal de la causa
Respecto al encuadre legal de la causa, se cuestionó si corresponde al fuero provincial o federal. Cornejo aclaró que, aunque existen delitos vinculados al narcotráfico que son competencia federal, en este caso, la investigación se lleva a cabo en el fuero provincial por tratarse de un delito de intimidación pública que afecta el orden público, y no la integridad de personas específicas. A pesar de esto, la fiscal no descartó la posibilidad de que la causa sea derivada a la justicia federal en el futuro, dependiendo de cómo avance la investigación.
Posible persecución política
Una de las preguntas más relevantes durante la conferencia fue sobre la posible persecución política detrás de la imputación, ya que el diputado Emiliano Estrada, siendo opositor y con fueros parlamentarios, podría estar siendo blanco de una maniobra política. Cornejo defendió la imparcialidad de la investigación, asegurando que la causa se inició por los contenidos difundidos en las redes, no por la identidad de quienes están involucrados.
En cuanto a las penas que podrían derivarse de este caso, la fiscal señaló que la intimidación pública está tipificada en el Código Penal, y que la sanción varía dependiendo de la gravedad de los hechos. También aclaró que los videos en cuestión no constituyen una denuncia formal sobre narcotráfico, sino que son interpretados como contenidos que incitan al temor y a la desestabilización de la seguridad pública.
Finalmente, sobre la relación entre la investigación y el narcotráfico, Cornejo indicó que si bien los videos mencionan estas actividades ilícitas, el foco principal está en el impacto que generan en la sociedad, más que en las acusaciones de narcotráfico en sí.
Este caso, que continúa generando repercusiones tanto a nivel local como nacional, ha puesto en evidencia las tensiones entre las investigaciones judiciales y el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación política, y abre un nuevo debate sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto de los ciberdelitos. La imputación de Emiliano Estrada, a pesar de sus fueros parlamentarios, sigue siendo un tema candente en el ámbito político de Salta, con la fiscalía avanzando en la investigación bajo el prisma del orden público.
