La Municipalidad de Salta separó a tres inspectores acusados de cobrar coimas para agilizar trámites

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La Municipalidad de Salta separó a tres inspectores acusados de cobrar coimas para agilizar trámites

La Municipalidad de Salta resolvió separar de sus funciones a tres inspectores pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, luego de detectar presuntas irregularidades vinculadas al cobro de dinero a cambio de acelerar trámites administrativos.

La medida fue adoptada por pedido del intendente Emiliano Durand y formalizada mediante una resolución de la Procuración General del municipio, encabezada por Matías Risso, que dispuso la suspensión inmediata de los agentes y la apertura de las actuaciones sumariales correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se centra en supuestos pedidos de dinero realizados a contribuyentes para agilizar gestiones relacionadas con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), un requisito exigido para determinadas actividades comerciales y emprendimientos dentro de la ciudad.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que se trata de un hecho de extrema gravedad por involucrar posibles maniobras incompatibles con el ejercicio de la función pública y remarcaron que, en caso de confirmarse las acusaciones, los empleados podrían ser cesanteados.

En paralelo, la Municipalidad recordó que continúa funcionando la plataforma digital de denuncias antisoborno, destinada a recibir reportes sobre pedidos indebidos de dinero, cohecho o cualquier otra conducta ilícita cometida por funcionarios o agentes municipales.

Las autoridades explicaron que las denuncias deben referirse exclusivamente a hechos ocurridos en el ámbito de la Municipalidad de Salta, aportar la mayor cantidad de información posible y describir situaciones concretas que permitan el avance de las investigaciones.

Asimismo, quienes realicen una presentación podrán solicitar la reserva de identidad con el objetivo de proteger sus datos personales.

La causa ahora quedó en manos de la Procuración General, que deberá determinar las responsabilidades administrativas de los agentes y definir si corresponde aplicar las máximas sanciones previstas por la normativa municipal.

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