El Ministerio de Trabajo bonaerense decidió extender por cinco días la conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) debido a los 1.200 despidos realizados en las tres plantas que la empresa posee en la provincia.
La resolución se adoptó tras una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas y se llevó a cabo este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata.
De este modo, la medida, que obligó a Granja Tres Arroyos a reincorporar a los trabajadores despedidos a principios de septiembre en las fábricas ubicadas en Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar, permanecerá vigente hasta el próximo viernes, cuando ambas partes volverán a reunirse para encontrar una solución al conflicto.
La conciliación se dictó pese a que el STIA solicitó expresamente durante la audiencia que no se impusiera, argumentando que esta medida impide que los trabajadores puedan acceder al fondo de desempleo. Además, el gremio indicó que hasta la fecha los empleados no están cobrando sus salarios, no han sido reincorporados los despedidos y tampoco se les asignaron tareas.
Por su parte, el apoderado del grupo empresario, Walter Carrizo, detalló la delicada situación económica, financiera y productiva de la empresa. Además, resaltó el pedido ante la Justicia Comercial para que los concursos preventivos de WADE, Granja Tres Arroyos S.A. y la cordobesa Avex S.A. se tramiten de manera conjunta y se dé inicio a dichos procesos concursales, cuya resolución definitiva aún está pendiente, según consta en el acta de la audiencia.
Carrizo agregó que “se ha requerido la urgente apertura de los procesos concursales, con el objetivo de avanzar hacia la designación de la sindicatura y obtener el tratamiento judicial de las medidas necesarias para normalizar el flujo financiero y operativo de las compañías”.
Los pedidos para iniciar los concursos y que se traten de forma conjunta fueron presentados ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda, quien remitió el expediente al Juzgado Comercial N° 1. Sin embargo, el juez Alberto Alemán, titular de este último tribunal, se declaró incompetente y devolvió la causa. Ahora, Páez Castañeda deberá definir los próximos pasos respecto a los concursos.
Durante la audiencia con el STIA, el apoderado afirmó que “una parte sustancial de los fondos y cobranzas de las empresas está afectada por medidas cautelares y mecanismos de cobro coercitivo vinculados con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales, incluyendo fondos embargados y cobranzas provenientes de importantes clientes”.
Esta situación provoca “una extraordinaria restricción de liquidez y una severa afectación del flujo de fondos, limitando objetivamente la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir con las obligaciones corrientes y mantener el nivel habitual de actividad”, concluyó Carrizo.