El Juez Federal Julio Bavio dictó la prisión preventiva para la mayoría de los acusados en la causa que destapó una escalofriante red de explotación sexual de menores, centrada en un colegio de la zona sur de la ciudad. Cinco de los ocho imputados, incluidos el remisero organizador y dos empresarios, enfrentan ahora el grave cargo de Asociación Ilícita.
La investigación sobre la red de trata de personas en Salta da un giro escalofriante al confirmarse la existencia de una estructura criminal estable dedicada a la captación, abuso, filmación y coacción de alumnas de entre 12 y 17 años.
Durante una reciente audiencia, el Juez Federal de Garantías N°1, Julio Leonardo Bavio, dictó la prisión preventiva para siete de los ocho imputados, acogiendo el pedido del fiscal Eduardo Villalba por el «riesgo concreto de entorpecimiento» de la investigación. Solo uno de los acusados, un hombre de Campo Quijano, recibió arresto domiciliario.
Red Organizada: De Remisero a «Clientes» de Alto Perfil
La Fiscalía amplió la acusación por Asociación Ilícita contra cinco de los detenidos. Este delito agrava significativamente la situación legal del remisero (señalado como el eje del sistema), dos empresarios y dos de los más recientes arrestados, entre los que se encuentra un militar.
Según la causa, el remisero contactaba a las adolescentes —llegando a ofrecer $200.000 por estudiantes «vírgenes»— y coordinaba encuentros sexuales con adultos en moteles de la Ruta 26, camino a La Isla, y otros lugares donde las menores eran obligadas a participar en tríos, orgías y despedidas de soltero.
Audios Reveladores:
Como prueba central se incorporaron audios del remisero donde se lo escucha ofreciendo a las víctimas: «Tengo una chica de 16 años» y «somos cinco».
Captación y Sometimiento Escabroso
La banda utilizaba un Volkswagen Voyage blanco para trasladar a las menores, incluso ocultándolas en el baúl o bajo los asientos para evitar ser vistos.
El sistema de la red incluía el sometimiento total de las víctimas: el remisero no solo percibía los pagos, sino que en ocasiones filmaba los encuentros o exigía material gráfico para luego usarlo como amenaza, manteniendo a las jóvenes bajo coacción.
La causa, que se inició en junio de 2024 por la denuncia de una madre, ya involucra a nueve personas y ocho imputados formalmente. Los informes forenses confirmaron los graves daños psicológicos y físicos irreversibles en las jóvenes.
La investigación sigue su curso con el análisis de celulares, el levantamiento del secreto bancario y no se descarta que uno de los empresarios sea imputado también por la provisión de droga a las menores.