Las prestatarias reclaman una deuda acumulada y aseguran que la falta de fondos afecta la operación diaria. Si no hay una regularización, advirtieron que desde el 24 de septiembre podrían dejar de cumplir las órdenes de servicio.
El transporte público del área metropolitana de Salta atraviesa nuevamente una situación de tensión. Las empresas que prestan el servicio le reclamaron a SAETA la regularización de fondos adeudados y fijaron una fecha límite para obtener respuestas.
La advertencia apunta directamente al funcionamiento del sistema: si la situación no se normaliza, las empresas aseguran que podrían dejar de cumplir con las órdenes de servicio desde el jueves 24 de septiembre.
¿Qué reclaman las empresas?
De acuerdo con el planteo realizado por las prestatarias, existen pagos pendientes correspondientes a distintos períodos.
El reclamo contempla saldos de la certificación de julio, la totalidad de agosto y fondos relacionados con el combustible correspondiente a septiembre.
Las empresas sostienen que esta situación provocó un fuerte deterioro de su capacidad financiera y afectó la cadena de pagos con proveedores y otras obligaciones vinculadas al funcionamiento cotidiano del transporte.
Entre los gastos que, según señalaron, se encuentran comprometidos aparecen el combustible, lubricantes, repuestos, cubiertas, mantenimiento, elementos de higiene y seguridad y reparaciones de las unidades.
La fecha que genera preocupación
La advertencia tiene un día concreto: jueves 24 de septiembre.
Las empresas señalaron que, si no existe una regularización efectiva de los fondos antes de esa fecha, podrían verse imposibilitadas de continuar cumpliendo con las órdenes de servicio vigentes.
Esto podría tener impacto tanto en los servicios diurnos como nocturnos del área metropolitana.
Por el momento, el conflicto genera incertidumbre entre los usuarios que utilizan diariamente los colectivos para trasladarse hacia sus trabajos, escuelas, centros de salud y distintas actividades.
También advierten por los puestos de trabajo
Además de la posible afectación del servicio, las empresas plantearon que la situación financiera podría derivar en una reducción de personal.
El argumento de las prestatarias es que la falta de fondos compromete no solamente la prestación cotidiana sino también su capacidad para afrontar compromisos laborales, financieros y operativos.
Las compañías también recordaron un acuerdo firmado el 3 de junio de 2026 que, según su planteo, tenía como objetivo normalizar el flujo de fondos. Las empresas sostienen que ese compromiso no se habría cumplido en los términos acordados.
Un conflicto que vuelve a poner al transporte en el centro de la escena
La situación vuelve a generar preocupación en Salta por el impacto que una eventual interrupción o reducción del servicio podría tener sobre miles de pasajeros.
Mientras las empresas reclaman una solución financiera, la atención queda puesta en las próximas horas y en una posible respuesta que permita evitar una nueva complicación en el sistema de transporte metropolitano.
La fecha límite planteada por las prestatarias es el jueves 24 de septiembre.